El haber mínimo pasará de 5.661 pesos a 6.394 pesos desde el 1º de marzo.

Desde ANSeS se informó que el cambio en la reglamentación de la ley de Movilidad Jubilatoria estaba destinado a solucionar un "error técnico" en el cálculo matemático, pero en la práctica arrojó un porcentaje menor de aumento que terminó en polémica.

"No hay palabras, vergonzoso", disparó Schmid al ser consultado en radio La Red sobre la modificación al cálculo de la movilidad jubilatoria y cargó contra los funcionarios del Gobierno al atribuir una "falta de enfoque y de capacidad para advertir que esto va en contra del sentido común que es muy notorio" y recomendar que "muchos funcionarios tienen que volver al pupitre de la escuela". "La resolución se viene trabajando", sentenció Quintana.

Donda, por su parte, se quejó que "nos explicaron una cuenta aritmética" y resaltó que los diputados plantearon que "es una vergüenza que ahorren plata al Estado con los jubilados".

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"Que se queden tranquilos los jubilados. Vamos a dar la pelea", expresó en Twitter la diputada Elisa Carrió, aliada del frente gobernante Cambiemos.

Ante el escenario, el jefe de Gabinete de Argentina, Marcos Peña, confirmó que el mandatario revisará la baja de las jubilaciones con representantes de distintos bloques del Congreso.

Acto seguido, Diego Bossio (bloque Justicialista) indicó que durante su gestión al frente de la ANSeS "había una pequeña sobreestimación, sobreestimamos los recursos a favor de los jubilados", y consideró que la decisión del Ejecutivo es "una absoluta falta de respeto a la norma, a la ley y a los tiempos parlamentarios". "Una resolución jamás puede modificar una ley", sentenció.

El director de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, sostuvo que al aplicarse la forma anterior surgía un aumento que supera la capacidad fiscal del organismo para otorgarlo. Entre la larga lista de medidas que se vio obligado a retrotraer por críticas de la oposición, usuarios, y otros sectores están el tarifazo en los servicios públicos, la designación de jueces de la Corte Suprema vía decreto, la modificación del Impuesto a las Ganancias, y los cambios en el régimen de ART, entre otros.


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